En el mes de febrero de 2009 tuvo lugar un episodio lamentable en el patio de recreo de un colegio público de Bilbao. Un grupo de alumnos de Educación Infantil, con edades comprendidas entre los tres y los seis años, desarrollaban sus actividades diarias bajo el cuidado de su profesora cuando la madre de una de las niñas irrumpió en el centro escolar decidida a entregarle a su hija un huevo de chocolate. Al ser advertida por la docente de que su pretensión contravenía las normas establecidas, la progenitora en cuestión comenzó a proferirle insultos y amenazas –“hija de puta, cabrona, te voy a matar”- y, finalmente, consumó su agresión por medio de puñetazos y patadas. La maestra ha sufrido una baja laboral por espacio de dos meses, requiriendo de la correspondiente rehabilitación médica.
Dos años y medio después, un Magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de la capital vizcaína ha condenado a la agresora a dos años y un día de prisión como autora de un delito de atentado contra la autoridad y a un año y tres meses más por un delito de lesiones. Asimismo, deberá abonar a la agredida una indemnización superior a los cinco mil euros. Además, al tratarse de una condena superior a dos años y darse la circunstancia de que la condenada cuenta con antecedentes penales, su ingreso en la cárcel es inevitable.
No cabe duda de que esta sentencia, sin precedentes en el País Vasco, marca un antes y un después en el reconocimiento efectivo de la condición de autoridad pública que se pretende otorgar a quienes forman parte del colectivo docente –las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña ya han adoptado esta medida-, con independencia de que pueda interponerse el correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Vizcaya.
Confío en que este fallo judicial abra una puerta a la esperanza y sea una vía eficaz para poder denunciar con garantía de éxito los abusos que se cometen a diario en ese complejo universo que compartimos padres, profesores y alumnos.
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