Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 14 de febrero de 2012
Una noche, hace ya varios meses, mientras trataba en vano de encontrar algún programa mínimamente interesante en la pequeña pantalla, me topé con la emisión de un reportaje acerca de una trama de compraventa de bebés que, al parecer, fueron arrebatados de sus familias durante el período comprendido entre los años cincuenta y noventa. Los testimonios de aquel documental me impactaron profundamente y su efecto permaneció en mi memoria durante días.
Tiempo después, el pasado mes de enero, estaba consultando la edición digital de un periódico navarro cuando me reencontré con el drama, que en este caso tenía nombre y apellidos: Rebeca Losa Ocáriz. Su familia acababa de comprobar que el ataúd donde supuestamente reposaba el cadáver de la pequeña se hallaba vacío. De hecho, la recién nacida jamás estuvo en él. Lo único que custodiaba era un sudario. Eso significaba que estaba viva y, asimismo, evidenciaba que, como siempre sospechó su madre y ni siquiera se atrevió a pensar su padre, les habían robado a su séptimo retoño en el hospital. Horrorizados por el hallazgo, tanto los progenitores como los otros nueve hermanos de la desaparecida saben ahora a ciencia cierta que les mintieron miserablemente cuando les hicieron inhumar en el panteón familiar un féretro sin cadáver. Para ellos, ha sido un golpe durísimo y su mayor afán es encontrar a Rebeca y conseguir que los culpables de este delito tan inmoral paguen sus culpas. Les gustaría que la joven conociera, al menos, a su madre, que no piensa más que en abrazarla y decirle que nunca la vendió, que jamás la abandonó.
Hace apenas una semana, fueron las páginas de este diario las que informaron de la investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de cuarenta y dos denuncias de presuntas desapariciones de niños en centros hospitalarios y de acogida de la capital tinerfeña ocurridas en décadas pasadas. De hecho, ya se ha practicado en esta provincia la, por el momento, única prueba de ADN en el marco de esta investigación, aunque el resultado ha sido negativo, echando por tierra la tesis de la denunciante, una mujer residente en Güímar que decía haber localizado a una hija que le fue arrebatada después de dar a luz.
Todo parece indicar que en España son entre 200.000 y 300.000 las personas que pueden estar viviendo esta mentira sin saberlo. La forma de actuar de los delincuentes era muy similar en todos los casos. Contactaban con matrimonios, generalmente mayores, que no podían tener hijos. En una reunión inicial, les indicaban la ciudad de recogida del pequeño y el dinero necesario para su entrega. En la fecha convenida, se desplazaban al lugar de destino y cerraban la operación. Finalmente, una matrona se desplazaba a la población de los compradores y falsificaba un certificado de alumbramiento con el que acudían al Registro Civil para inscribir a la criatura como propia.
No cabe duda de que la responsabilidad recae directamente sobre los numerosos intermediarios que se enriquecieron con estas imperdonables prácticas, algunos de los cuales todavía siguen en activo. Seguramente pensaron que nadie iba a creer nunca a aquellas parturientas a las que tachaban de locas ni iba a tener el valor suficiente para abrir aquellas tumbas huecas. Pero no contaban con el hecho de que un drama tan intenso no tiene fecha de caducidad. La asociación SOS Bebés Robados recomienda a las familias afectadas por posibles casos irregulares de adopción que los denuncien y que se armen de paciencia, dado que les asiste su derecho a saber la verdad y a no caer en el olvido.
Confío en que las autoridades competentes puedan demostrar finalmente que semejantes desaprensivos destrozaron millares de vidas ajenas con la abyecta finalidad de adquirir una vivienda más confortable o un coche de lujo. Por el bien de la sociedad, han de pagar por ello.
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