Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 5 de octubre de 2012
Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 8 de octubre de 2012
Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 8 de octubre de 2012
En estas últimas
semanas los medios de comunicación se han hecho eco de una serie de
despropósitos pseudopolíticos provenientes de las denominadas nacionalidades,
un concepto acuñado en el controvertido título VIII de nuestra vigente Carta
Magna que ha degenerado con el paso del tiempo hasta convertir a España en lo
que, como era de prever, es hoy en día: un Estado en liquidación y una Nación
en ruinas. Sólo así se explican iniciativas tan lamentables como el órdago
independentista de Artur Mas o la exigencia del conocimiento de euskera por
parte de Bildu para la adjudicación de obras públicas en suelo vasco.
En mi
humilde y escasamente compartida opinión, el supuesto espíritu constructivo que
sobrevoló la tan traída y llevada Transición a la democracia y que inspiró la
actual Constitución Española no fue ni tan constructivo ni tan espiritual. Que
se lo digan si no a algunos de los diecisiete mandamases autonómicos que, en la
peor crisis económica que recordamos, no hacen más que exigir a las arcas
generales un dinero que brilla por su ausencia. Ya se encargaron los siete firmantes
del texto (entre ellos, los catalanes Miquel Roca y Jordi Solé Tura) de sentar
unas bases lo suficientemente indefinidas como para perderse en disquisiciones
bizantinas y hacer buena la inevitable máxima de “pan para hoy y hambre para
mañana”.
Treinta y cinco
años después, el diablo llama a la puerta, impaciente por cobrarse la deuda de
la fragmentación definitiva. Porque es ahora, al cabo de dos generaciones de
estudiantes convenientemente manipulados en las aulas, cuando se está
materializando aquel resultado largamente soñado. Las transferencias a las
Comunidades Autónomas en materia de Sanidad, Justicia y Educación no han
servido más que para poner de manifiesto las flagrantes desigualdades entre
españoles en función del territorio en el que habitan. Concretamente en materia
educativa, los Gobiernos de Cataluña y el País Vasco de las tres últimas décadas
se han marcado como objetivo prioritario trasladar a las aulas una versión
falsa de la Historia de España a la medida de sus objetivos electoralistas y
ahora están recogiendo los frutos de esa siembra siniestra. Curiosamente, los
dos partidos mayoritarios, sometidos a los votos del chantaje necesarios para
llegar a la Moncloa, han sido sistemáticamente cómplices de estos atropellos. Y
si a ello se añade la figura de la inmersión lingüística entendida, no como defensa
de las lenguas específicas (que, por supuesto, aplaudo), sino como rechazo
frontal de la lengua común (que considero intolerable, además de denunciable
ante los tribunales), ya hemos completado el cuadro.
Para más inri, estos
mediocres mandatarios se han permitido el lujo de reírse del Estado de Derecho
incumpliendo todas y cada una de las sentencias que les obligan a impartir la
educación en castellano, enésimo ejemplo de su falta de respeto a las leyes, al
Poder Judicial y a los afectados directamente por la actitud discriminatoria y
chulesca de la que hacen gala. Además, como el
efecto imitación no conoce límites,
ahora es en los territorios gallego y balear donde se reproducen idénticas
ilegalidades, incumpliendo así los dirigentes populares las promesas electorales
que les auparon a la poltrona. Supongo que sus votantes no estarán muy contentos
con este cambio de rumbo, que obliga a sus hijos a tenerse que desplazar
diecisiete kilómetros para poder estudiar alguna asignatura en español -como
Esteban, un niño de 9 años que vive en Brión, provincia de La Coruña-.
¿Cómo es
posible que vivamos en un país donde los escolares no puedan estudiar con
libertad en la única lengua común a todos ellos? ¿Decir esto equivale a no
respetar al resto de las lenguas cooficiales? ¿Decir esto implica ser de
izquierdas o de derechas? En absoluto. Decir esto significa, sencilla y
llanamente, aborrecer la utilización de las lenguas al servicio de las
ideologías y exigir, con la Constitución en la mano, el cumplimiento de los
derechos fundamentales que tanto nos costó conseguir.
http://www.laprovincia.es/opinion/2012/10/05/odisea-estudiar-espanol-espana/488175.html
http://www.laprovincia.es/opinion/2012/10/05/odisea-estudiar-espanol-espana/488175.html
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