SOSPECHOSOS, IMPUTADOS, PROCESADOS Y CONDENADOS

¿Deben dimitir los políticos cuando resultan imputados por un hecho que han cometido? Esta cuestión ocupa en las últimas semanas el centro del debate mediático, coincidiendo con las declaraciones del ex Ministro de Fomento socialista José Blanco, salpicado por el escándalo del denominado “Caso Campeón”. El otrora mano derecha del anterior Presidente del Gobierno ha descartado abandonar su actual cargo hasta que el Juez encargado de esta causa no decrete la apertura del juicio oral.

Y es que en esta materia, como en tantas otras, no existe  un consenso generalizado. Juristas, sociólogos, politólogos, periodistas y altos cargos defienden opiniones contrapuestas sobre la actitud más conveniente a adoptar por parte de los políticos que se enfrentan a un proceso judicial.

A fin de clarificar someramente cada concepto diré que se entiende por sospechoso quien brinda fundamentos para hacer un mal juicio de su conducta, sus acciones o sus rasgos. El término, por lo tanto, comporta la connotación negativa de ser responsable de algo malo, no bueno. Por ejemplo, no se dice que un sujeto sea sospechoso de haber hecho una donación anónima.

En el ámbito jurídico, la imputación es el acto que implica la acusación formal de una persona por la realización de un concreto delito. A partir de ese momento, en su condición de sujeto procesal, le amparan ciertas garantías como la presunción de inocencia y la defensa en juicio.

En nuestro Derecho Penal, el imputado se convierte en procesado cuando el Juez de Instrucción -que es el encargado de investigar en un principio el presunto hecho delictivo-, una vez concluida su investigación, considera que existen pruebas suficientes para atribuirle a aquél la comisión de un delito, cediendo el testigo a otro Juez o Tribunal que será el encargado de continuar con el enjuiciamiento.

Por último, se entiende por condenado el ciudadano al que se le impone la pena asociada a un delito, tras haberse demostrado su culpabilidad en un juicio.

No son pocos los que consideran que en un Estado de Derecho es necesario dejar actuar a la Justicia, por lo que el hecho de estar imputado no debería suponer la dimisión automática, máxime cuando la mayoría de las causas judiciales que afectan a los políticos están impulsadas por sus adversarios con fines electorales.

Para algunos expertos, la dimisión es un tema estrictamente personal que depende de cada caso en función del tipo de delito, de la entidad de los indicios que se ponderan y del nivel de transparencia del implicado y del partido al que pertenece. En este sentido, no hay que olvidar que, ante una sentencia finalmente absolutoria, el perjuicio causado al afectado es prácticamente irreparable.

Sin embargo los juristas, por regla general, se muestran más tajantes y creen que cualquier cargo público debería dimitir ante una resolución judicial que le afecte. Un juez no imputa gratuitamente y, si lo ha hecho, será porque ha visto indicios de delito. Es verdad que la presunción de inocencia pesa por encima de todo pero no es menos cierto que un político debería abandonar su cargo, al menos temporalmente, para afrontar situaciones de este tipo.

Sea como fuere, la polémica está servida. Desgraciadamente, vivimos en un país en el que los casos de corrupción han experimentado un repunte brutal pero, por desgracia, la dimisión casi nunca ha sido la opción escogida por nuestros representantes populares, ya sean sospechosos, imputados, procesados o condenados. La opinión de los diversos sectores de la población no hace mella en ellos. Es irrelevante y no pasa de ser exclusivamente carne de tertulias radiofónicas y televisivas.

Así nos va.