Estamos de luto en España.
La independencia judicial ha muerto. Bien es cierto que llevaba una larga
temporada en la UCI pero algunos ilusos creíamos que, mientras había vida,
había esperanza. Craso error. El tratamiento que, para su curación, prometió el
actual ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, ha acompañado al cesto de la
basura a otras tantas promesas electorales que auparon al Partido Popular por
mayoría absoluta al gobierno de la nación. La medicina en cuestión se
denominaba “Restablecimiento del sistema de elección del Consejo General del Poder
Judicial operativo hasta 1985” pero PP, PSOE, CiU, PNV e IU han acordado
retirarla del mercado sine die, con
lo que la diosa de la balanza, enferma terminal, acaba de sumirse en el sueño
eterno. Descanse, pues, en paz.
La propia sentencia del
Tribunal Constitucional que en su día avaló la vergonzante reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de 1985 -en virtud de la cual las Cortes
nombrarían, no sólo a ocho, sino a sus veinte miembros- ya manifestaba que "ese
cambio conlleva el riesgo de que las Cámaras atiendan sólo a la división de
fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos entre los
distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos". A
eso le llamo yo tener sus Señorías un don extraordinario para la videncia.
La triste realidad es que vivimos
en un Estado donde la separación de poderes consagrada por Montesquieu seguirá
siendo una utopía en tanto en cuanto los componentes del máximo órgano de
gobierno de los jueces sean designados en su totalidad por el Segundo Poder. El
hecho de que el Tercero sea una mera correa de transmisión entre el Legislativo
y el Ejecutivo, con lo que conlleva de corrupción y manipulación al por mayor, supone
una contagiosa patología del sistema que nos condena a todos los españoles a la
injusticia perpetua.
Asistimos desolados al
obsceno reparto de una tarta cuya única duda estriba en el tamaño de cada
porción. Sin ir más lejos, resulta sumamente significativo que incluso
Izquierda Unida se haya apuntado a recoger las dulces migajas que le han
concedido graciosamente los dos partidos mayoritarios y las sacamantecas
formaciones independentistas. Curiosa forma de luchar en pro de la regeneración
democrática. Excepción hecha de UPyD, que no se ha prestado a este asqueroso
enjuague, no existe en el Parlamento ninguna voz que defienda que sean los propios jueces y magistrados
quienes elijan entre ellos mismos a sus órganos de representación y a los
integrantes de los Altos Tribunales.
Dan ganas de quemar
el carné de identidad...
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