Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 4 de septiembre de 2015
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 5 de septiembre de 2015
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 5 de septiembre de 2015
Un nuevo verano negro para la violencia de género toca a su fin. Después le seguirá el otoño y, más tarde, el invierno. Así hasta el infinito. Y la siniestra lista de cadáveres irá aumentando en tanto en cuanto no se aborde este escalofriante fenómeno desde su raíz, que no es otra que la todavía vigente desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Atendiendo a las cíclicas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), diríase que este problema tan sangrante no ocupa un lugar prioritario entre las preocupaciones de los españoles. Pero, aun así, el alarmante repunte estadístico ha movido a los responsables del Ministerio del Interior a aplicar a partir de ahora un nuevo protocolo de valoración del peligro de las víctimas de malos tratos, incrementando de 16 a 39 los indicadores iniciales de riesgo. Se trata de adaptarlo al ámbito de las amenazas en las redes sociales y, al mismo tiempo, de simplificar el uso policial de los correspondientes formularios asociados. Se incluirá asimismo en la aplicación de telefonía móvil Alertcops -ya existente- una pestaña concreta que permitirá conocer mediante geolocalización y en tiempo real dónde se está produciendo la agresión.
Por desgracia, esta reciente toma de medidas gubernamentales no se pondrá en marcha en la presente legislatura y, aunque ayuda, no es ni mucho menos suficiente. De hecho, si estos dramas hubieran recibido por parte de los gobernantes el tratamiento que merecen, no se hubiera procedido a recortar gastos en la materia, lo que se ha traducido en la desaparición de más de la mitad de las oficinas de atención a las víctimas, en la reducción de horarios de atención al público, en la paralización de la creación de juzgados especializados y en la precariedad de infraestructuras de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llamados a proteger a los afectados por esta epidemia social.
Se impone una reflexión sobre el origen del mal, que no es otro que la falta de igualdad verdadera entre ambos sexos. Es esa descompensación tan arraigada en nuestros entornos la que es necesario extirpar desde la pedagogía de niños y adolescentes. De lo contrario, seguirá dando fruto y, unida a la perversa colaboración de determinadas plataformas publicitarias y medios de comunicación, provocará que cada año salgan de las aulas generaciones de jóvenes incapaces de distinguir el maltrato aunque lo tengan delante de su rostro y promociones de chavales que ven perfectamente normal el hecho de controlar a sus parejas en ese espeluznante universo virtual en el que están inmersos. Sólo hay una vía para hacerles entender que la vida no es eso y que las relaciones humanas han de basarse en el respeto mutuo y en el rechazo al modelo de superioridad de los unos sobre las otras: la educación escolar y familiar.
Este cruel sinsentido no se solucionará únicamente incrementando los indicadores de riesgo, por más que sea una contribución y se valore la buena voluntad que le acompaña. Por el contrario, impartir en las aulas desde la más tierna infancia una asignatura con carácter obligatorio y para todos los niveles formativos sí puede resultar sumamente efectivo, porque los valores que se transmitan a un niño conformarán a buen seguro su comportamiento en la edad adulta. En este sentido, las propuestas de los expertos aluden a la formación del profesorado, a los contenidos curriculares, a la implicación del alumnado y a la colaboración parental. Pocas tragedias conllevan una responsabilidad tan colectiva como ésta y puesto que, lamentablemente, no podemos devolverles la vida a los difuntos, afanémonos en evitar que otros damnificados se vean abocados a un final tan inhumano, recurriendo para ello a la educación como la mejor opción para combatir la desigualdad de género y la violencia que de ella se deriva.
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